El Gobierno establece límites para los 'influencers' y supervisará tanto su publicidad como su contenido.
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El Gobierno implementa medidas para regular a los prominentes creadores de contenido, youtubers e influencers en plataformas y redes sociales, supervisando tanto los productos que promocionan como las comunicaciones comerciales y contenido. El Ministerio de Economía y Transformación Digital ha presentado un Proyecto de Real Decreto, que se aprobará de manera urgente, imponiendo nuevas responsabilidades para el año 2024 a los influencers que superen los 500,000 euros anuales y tengan más de dos millones de seguidores.
En términos normativos, estos creadores de contenido serán equiparados a los proveedores de servicios de comunicación audiovisual, debiendo cumplir con ciertas obligaciones establecidas por la Ley General de Comunicación Audiovisual de julio de 2022. En el ámbito publicitario, la normativa requiere una clara diferenciación entre las comunicaciones comerciales y el contenido editorial mediante mecanismos visuales, auditivos o espaciales. Además, se establece que el volumen sonoro de los anuncios no puede superar al del resto del contenido.
La ley prohíbe la publicidad encubierta o subliminal y restringe la promoción de tabaco, cigarrillos electrónicos, productos a base de hierbas, medicamentos y productos sanitarios que no cumplan con las normativas publicitarias y de salud. También prohíbe la publicidad de bebidas alcohólicas dirigidas específicamente a menores y limita la publicidad de juegos de azar a ciertas horas. Los contenidos comerciales no deben incitar a los menores a realizar compras ni mostrarlos en situaciones peligrosas.
Además, la normativa prohíbe la promoción del culto al cuerpo y la publicidad de productos adelgazantes, intervenciones quirúrgicas o tratamientos de estética. Se fomentará la adopción de códigos de conducta para evitar la publicidad que incite al consumo de alimentos poco saludables.
Para garantizar la seguridad de los menores, aquellos que emitan en plataformas en directo deberán contar con un sistema de alerta para contenido sensible, mientras que los creadores de contenido audiovisual deberán facilitar un sistema de control parental o codificación digital.
La Ley General de Comunicación Audiovisual establece sanciones por incumplimiento que van desde los 10,000 euros hasta 1.5 millones, dependiendo de los ingresos y la gravedad de la infracción. Este Real Decreto complementa la legislación existente y será aplicado a los creadores de contenido con ingresos superiores a 500,000 euros o con una audiencia de más de dos millones de seguidores que publiquen al menos 24 vídeos al año. El texto está actualmente en audiencia pública hasta el 20 de diciembre para recibir aportaciones de los interesados, incluidos los influencers y creadores de contenido.